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aben pocas dudas acerca de la necesidad de adoptar decisiones urgentes y de alcance que tiendan a neutralizar el deterioro medioambiental: a reducir esa "emergencia climática" en la que estamos sumidos. El punto de partida desde el análisis económico no puede ser otro que la consideración del entorno como un bien público. Las instituciones públicas, aunque en desigual medida, ya lo están intentando. Sin necesidad de revisar en detalle algunas de ellas, bien merece la pena atender a los posibles efectos multiplicadores asociados a la significativa señalización de la Unión Europea a través de los fondos asociados al Next Generation EU concebidos por la Comisión. Se trata de un mecanismo consecuente con los planes adoptados, también el pasado julio por la UE, para pasar a ser una economía neutral de carbono en 2050, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% en 2030 en comparación con los niveles de 1990. Eso significa que en esa fecha un 38,5% de toda la generación energética deberá ser renovable. Una ambición tanto más destacable cuanto que la UE es responsable de no más del 8% de las emisiones globales de CO2. Ello no impide que sus acciones, en particular las destinadas a fomentar el progreso tecnológico aplicado a la sostenibilidad, constituyan una referencia para el conjunto del mundo.

Las consecuencias favorables de esas inversiones específicas establecidas en el NGEU, de las que las asociadas a la transición ecológica constituirán más de una tercera parte, no solo serán las concretadas por esas inversiones europeas, sino igualmente por las incorporadas desde la inversión privada, nacional y extranjera. Estas son especialmente necesarias, ya que las nuevas estimaciones de inversión necesaria para cumplir los objetivos anteriores exigirán esfuerzos adicionales a los previstos inicialmente por la UE. Para ello es necesario que las propias empresas, con independencia del sector al que pertenezcan, pongan sobre la mesa proyectos compatibles con esos objetivos, conscientes de las ventajas de diversa naturaleza que pueden generar. Desde luego en términos de fortalecimiento de los activos intangibles y en concreto de la reputación, ante los agentes relevantes, desde clientes e inversores hasta los propios empleados. No son precisamente desdeñables esas ventajas derivadas de la percepción de que las empresas asumen los códigos medioambientales con suficiente respeto. Son, en definitiva, orientaciones que avalan la extensión de la asunción de funciones objetivo más amplias que la tradicional maximización del beneficio de los accionistas, de una visión que trasciende el cortoplacismo en los procesos de adopción de decisiones, procurando su compatibilidad con propósitos adicionales, más directamente proyectados al entorno social relevante de la actividad empresarial.

La creciente verificación de las preferencias de los clientes es un aspecto esencial. No solo en la definición del producto o servicio, sino en el cada día más estrecho escrutinio de las cadenas de valor, con la finalidad de verificar su contribución al deterioro del entorno.

Razonable presunción de una tendencia creciente hacia la reasignación de activos, hacia la satisfacción de esos objetivos de sostenibilidad, desde luego medioambiental. En mayor medida si tenemos en cuenta que desde los pioneros trabajos de William Nordhaus (1992) se ha ido afianzando la asociación positiva entre productividad y calidad medioambiental. Es en este contexto, en el que es conveniente destacar las ventajas específicas derivadas de la innovación asociada a las inversiones medioambientales. No solo la innovación tecnológica en sentido estricto, también en los procesos, en la forma de hacer las cosas en su más amplia acepción.

Es un hecho que uno de los motores de la productividad es la innovación. Y ensanchando esas posibilidades de mayor eficiencia también se hace con el crecimiento potencial de la economía, una asociación a largo plazo que por sí sola justificaría la atención de las empresas. Hacer de la necesidad virtud significa en este ámbito no solo omitir acciones que deterioran o retrasan los propósitos medioambientales, sino concebir nuevas tecnologías y procesos que reduzcan los riesgos y de las que emerjan claras ventajas. Estos serán, más allá de ejercicios voluntaristas, los que realmente estimulen la inversión y la generación de empleo de calidad en los sectores cercanos a la sostenibilidad. Además de mejorar ese entorno que condiciona el bienestar agregado.

No se trata solo de asignar recursos a la creación de nuevas tecnologías directamente vinculadas a la búsqueda de alternativas de generación energética, sino de todas aquellas decisiones que favorezcan comportamientos más sostenibles, desde procedimientos de reciclaje hasta alteraciones organizativas, pasando por la utilización más eficiente de los recursos. Se trata, como en muchas innovaciones introducidas en la empresa, de acciones que además de contribuir a la descarbonización del planeta pueden generar ganancias de eficiencia, ya sea a través del ahorro de costes o directamente mediante la evitación de costes considerados habituales. La experiencia, además, contribuye a estimular esas tareas de diseño de nuevos productos o procesos porque en no pocos casos por sí solos determinan nuevas oportunidades de mercado, nuevos impulsos al crecimiento de los ingresos. Y, en todo caso, nuevas formas de gestión de riesgos, más allá de las exigencias regulatorias al uso.

Entre las oportunidades de innovación más frecuentemente señaladas como verdaderas oportunidades de inversión y reductoras de emisiones, se encuentran las destinadas a la captura y almacenamiento de CO2, el diseño de baterías avanzadas o la generación de hidrógeno verde, destacadas por el FMI (2021). Los sistemas de gestión de los alimentos o del agua son igualmente candidatos a esa innovación sostenible, compatible con la satisfacción de carencias evidentes en muchos países.

En torno a esas y otras más se observan nuevos proyectos, incluso la creación de empresas específicamente orientadas a la satisfacción de esos propósitos. Es el caso de las infraestructuras de generación de energías renovables, la movilidad, el almacenamiento de CO2, la eficiencia en la iluminación, el reciclaje de plásticos y alimentos. No son pocas las que son lanzadas al margen de apoyos financieros públicos, o simplemente mediante la señalización de instituciones. Mención aparte merece el desarrollo de las modalidades específicas de financiación verde, algunas de ellas comentadas en Berges y Ontiveros (2021). El reciente lanzamiento por la UE de una emisión de bonos verdes, por 12.000 millones de euros con vencimiento a 15 años, ha recibido una recepción excelente por los mercados. Se trata de la primera de una serie de 250.000 millones del total de 800.000 millones destinados a fondear el NGEU, contribuyendo a la madurez de ese mercado, que previsiblemente registrará este año emisiones por 400.000 millones de euros, el doble de las emisiones en 2020.

Es cierto que a diferencia de otras innovaciones, algunas de las concretadas en la disposición de infraestructuras de generación, por ejemplo, requieren inversiones costosas y de complicada experimentación previa. La cooperación internacional se presenta, también en este ámbito, como uno de los requerimientos necesarios para generar esos efectos multiplicadores de las inversiones nacionales y de la colaboración público privada. Se trata de trenzar redes de cooperación que ayuden, entre otros propósitos, a generar economías de escala y a superar restricciones financieras. Estas son indudablemente hoy menores, como observamos la preferencia cada día más explícita de modalidades de financiación menos convencionales como los fondos de capital riesgo o la emergencia de nuevas empresas específicamente orientadas a la sostenibilidad. Es sin duda el mejor momento para acelerar el ciclo innovador, sobre la base de esa cooperación multidimensional, hoy mucho menos costosa, entre gobiernos, empresas y sistemas financieros.

Para ello, es necesaria la intensificación de la señalización pública, la de los gobiernos o idealmente la de instituciones supranacionales como la UE, para encauzar el cambio tecnológico hacia esas pretensiones de sostenibilidad medioambiental. Lo es para incentivar la propensión a innovar de las empresas privadas, pero también para canalizar esas asignaciones a propósitos compatibles con los más amplios. La disposición de mecanismos de evaluación, de sistemas de seguimiento del impacto de las inversiones, es crucial. No menos relevante entre las consecuencias favorables de esa necesaria espiral innovadora estaría su mayor permeabilidad, la disposición de las innovaciones a economías emergentes, hoy responsables de gran parte de las emisiones de CO2. La facilidad de esa permeabilidad está estrechamente vinculada al éxito y consiguiente abaratamiento de las innovaciones.

Las amenazas de gestores de carteras de penalización a los activos no compatibles con esas pretensiones de sostenibilidad pueden ser ahora menos vinculantes que la muy razonable presunción de que la innovación verde es rentable. Una de las señales favorables en estas vísperas de la COP16 es el aumento en el número de grandes empresas, mayoritariamente listadas en algún mercado de acciones, que hacen explícitos los objetivos específicos de lucha contra el cambio climático asumidos en sus decisiones. Esa proporción irá en aumento a medida que se extienda la percepción del vínculo entre sostenibilidad y rentabilidad.

Es en ese contexto en el que hay que destacar la coalición dirigida por el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, de compañías financieras con disponibilidades de capital privado por 130 billones de dólares comprometido para satisfacer esos objetivos de emisiones cero en 2050. La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), constituida el pasado abril por más de 450 bancos, aseguradores y gestores de activos financieros pertenecientes a 45 países, se plantea que una parte de esos recursos vayan destinados a países menos avanzados. Se trata de algo más que una señal. Si ese compromiso se va concretando constituirá la manifestación más palmaria de que la inversión privada, la innovación verde, puede constituir uno de los impulsos de mayor importancia no solo en la necesaria atención medioambiental, sino en la igualmente necesaria ampliación del potencial de crecimiento, y de su calidad.

Sectores a los que pertenecen las empresas que han hecho explícitos objetivos de emisiones cero (fuente: Accenture).

Referencias

1. Berges, A y Ontiveros, E (2021), "El Green New Deal y las finanzas sostenibles en Europa" Revista Diecisiete: investigación interdisciplinar para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nº 5, monográfico: "Contribución transversal de las finanzas sostenibles a los Objetivos de Desarrollo Sostenible" Fundación Acción contra el Hambre. Abril 2021
2. Fondo Monetario Internacional, 2021
3. Nordhaus, William (1992), "The DICE Model: Background and Structure of a Dynamic Integrated Climate-Economy Model for the Economics of the Global Warming", Cowles Foundation Discussion Paper 1009, Febrero

Emilio Ontiveros es presidente de Afi y catedrático emérito de la UAM