La animadversión de algunos colectivos en Estados Unidos hacia la inversión sostenible no es ninguna novedad. Sin embargo, siguen resultando curiosos los argumentos que estos individuos proponen para defender su postura. A finales de enero, conocíamos la propuesta de ley registrada en la Cámara de Representantes estatal de New Hampshire, en la que tres diputados del Partido Republicano proponían que el uso de criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) sobre la gestión de fondos públicos fuera castigado con penas de hasta 20 años de cárcel. Para justificarlo, se exponía la incompatibilidad entre el cumplimiento del deber fiduciario y la inexorable reducción del universo de inversión que impone la aplicación de factores ASG, así como la preponderancia de los mismos sobre las variables financieras.

Sin embargo, bien sabemos que el "uso de criterios ASG" puede materializarse de múltiples maneras, dando lugar a estrategias de inversión sostenible (ISR) con distintos sesgos o simplemente a una integración de los factores extrafinancieros en la gestión de los riesgos. De hecho, los argumentos del diputado republicano Corcoran únicamente serían válidos (y sólo parcialmente) en el caso de referirse a la aplicación de criterios ASG bajo las estrategias de exclusiones o best-in-class. En el caso de las exclusiones, nos referimos al uso de una herramienta que limita la inversión en ciertos sectores considerados como controvertidos: armamento, alcohol, tabaco, pornografía, juego, etc. Si bien es cierto que esta estrategia tiene como objetivo principal reducir el universo de inversión, la aplicación de exclusiones masivas como estrategia para integrar la sostenibilidad en las decisiones de inversión ocupa un lugar cada vez más residual en una industria que ha identificado el diálogo activo como una herramienta mucho más eficaz para alcanzar los objetivos de sostenibilidad perseguidos [1]. En cuanto al segundo argumento, es cierto que la estrategia best-in-class selecciona a aquellas empresas con mejor perfil ASG, es decir, elimina del universo de inversión aquellas que presentan un perfil deficiente en relación con sus prácticas empresariales. No obstante, es incorrecto asumir que, una vez que se ha delimitado el universo invertible, los gestores no dispongan de total autonomía para aplicar una gestión 100% financiera basada en las expectativas de rentabilidad y riesgo de los activos.

En cualquier caso, ambos argumentos parecen obviar otra manera de hacer "uso de criterios ASG": la integración de los factores de sostenibilidad desde una perspectiva de riesgos. De hecho, en los últimos años, uno de los movimientos más relevantes en la industria de gestión de activos ha sido la consideración de la integración de riesgos EAG como una herramienta mainstream., aplicable a todo el sector. Dicho de otro modo: como una . herramienta de gestión que permite tomar decisiones de inversión más informadas, la cual no impone la exclusión de sectores o actividades concretas. De hecho, el principal argumento para la integración de los criterios ESG en la toma de decisiones de inversión recae precisamente en el deber fiduciario de los gestores de activos, en la medida en que se ha demostrado que los acontecimientos extrafinancieros (especialmente aquellos considerados como materiales) tienen un impacto sobre el negocio de las empresas, la viabilidad de su actividad y, por ende, sobre su evolución financiera. Además, este tipo de acontecimientos extrafinancieros pueden tener un carácter micro, es decir, responder a variables específicas de la empresa, o un carácter macro, que corresponda a elementos sistémicos de mercado de carácter medioambiental o social.

2024 va a ser, sin duda, un año clave para la inversión sostenible, especialmente desde el plano político. Las citas electorales que tendrán lugar en las diferentes regiones del mundo pueden marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la sostenibilidad. Especialmente en Estados Unidos, país que publicaba hace pocos meses su último Informe Nacional del Clima, en el cual se calculaba que el impacto económico de la crisis climática en el país ascendía a 150.000 millones de dólares, y que la frecuencia de desastres naturales había pasado de uno cada cuatro meses, en 1980, a uno cada tres semanas, en la actualidad.

[1] Gráfico 8, Estudio de mercado "La Inversión Sostenible y Responsable en España" 2023, Spainsif. Figure 6, Global Sustainable Investment Review 2022, Global Sustainable Investment Alliance.

Claudia Antuña, socia de Afi