Europa está simplificando parte de la regulación sobre sostenibilidad, especialmente en las obligaciones de transparencia y reporting empresarial. La aprobación del paquete Ómnibus reduce el número de compañías obligadas a informar sobre criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), con el objetivo de disminuir la complejidad y los costes regulatorios.

Sin embargo, esta simplificación contrasta con las crecientes exigencias regulatorias a las entidades financieras, que siguen necesitando información ASG para identificar y gestionar riesgos en sus operaciones de crédito. La menor disponibilidad de datos dificulta a los bancos evaluar adecuadamente a las empresas que financian, por lo que es previsible que continúen exigiendo esta información de forma indirecta.

En este contexto, los criterios ASG serán cada vez más relevantes en la concesión y seguimiento del crédito. La capacidad de las empresas para gestionar riesgos de sostenibilidad y cumplir objetivos de descarbonización influirá en su acceso a financiación, en las garantías requeridas y en el coste de los préstamos.

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