Este anuncio se producía en un momento en el que Europa se replanteaba su papel en un mundo cada vez más polarizado, con una economía europea que había quedado fuera de las dos grandes tendencias económicas de las últimas décadas, la globalización y la digitalización, ámbitos en los que EE. UU. y China habían logrado un liderazgo que comprometía el posicionamiento geoestratégico de la "vieja" Europa. La sostenibilidad y, en concreto, la lucha contra la emergencia climática, se erigía como la última oportunidad de Europa para liderar un ámbito sobre el que los otros dos grandes bloques partían desde una posición mucho más débil.

Plan de Acción: puesta en marcha de la sosteniblidad

Con el paso de los años, el Plan de Acción[1] se ha revelado como una iniciativa muy acertada, en la medida que está cumpliendo, en tiempo y forma, sus principales objetivos: utilizar a la industria financiera como palanca de cambio para movilizar al sector productivo hacia una transformación sostenible.

Y todo ello haciendo uso de la principal arma de la CE, la regulación. El Plan de Acción supone la incorporación de requisitos de sostenibilidad en la práctica totalidad de la regulación financiera europea, y uno de los primeros aciertos fue su materialización a través de Reglamentos que, a diferencia de las Directivas, son de obligado cumplimiento desde su fecha de entrada en vigor, lo que permite ahorrar meses o incluso años para su despliegue. A muchos, en ese momento, nos extrañó la obsesión de la CE por elaborar una regulación tan intensiva sobre un sector, el financiero, que apenas tiene impacto nocivo en ámbitos medioambientales o sociales. Por el contrario, la regulación sobre la economía productiva, principal generador de impactos ambientales, era mucho más laxa. De nuevo, nos equivocábamos, y es que el sector financiero ha devenido como un actor clave para el logro de un modelo productivo más sostenible.

El Plan de Acción se asienta sobre tres grandes pilares: la gestión de riesgos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), la movilización de capitales hacia inversiones sostenibles y la transparencia en la divulgación de información no financiera. Objetivos claramente interrelacionados.

El primer hito para la consecución de estos objetivos se produjo con la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación (SFDR) [2] y las Directrices de la EBA (European Bank Authority) [3] en 2021, instaurando la obligación por parte de las entidades financieras de incorporar en sus procesos de inversión y financiación un análisis de los riesgos ASG. Pero ¿qué impacto tiene esto en la economía real?, ¿cómo lograr condicionar con esto a las empresas a transicionar hacia un modelo de negocio más sostenible?

La subsistencia del sector empresarial depende, fundamentalmente, de dos variables: i) la captación de financiación, mayoritariamente a través de entidades de crédito; y ii) la captación de capital, obtenida a través de la cotización en los mercados de capitales o de la entrada de fondos de capital privado (Private Equity). En la medida que entidades de crédito y entidades gestoras deben empezar a identificar, medir y gestionar estos riesgos, se ha empezado a generar una elevada presión sobre las empresas a las que financian/invierten, obligándoles en primer lugar a ser más transparentes en la divulgación de sus datos ASG y, en segundo lugar, a intentar mejorar sus métricas para acceder a una mayor y mejor financiación o inversión. Labor a la que han contribuido las nuevas obligaciones de divulgación de información no financiera, con la Ley 11/2018 [4] o la próxima Directiva europea CSRD [5], que homogeneizará y extenderá la obligación de reporting de información sobre sostenibilidad a multitud de empresas financieras y no financieras. Así, indirectamente, la presión regulatoria sobre el sector financiero está provocando, de facto, que grandes empresas, pero también pymes, empiecen a ser conscientes de la importancia de i) identificar sus riesgos ASG; ii) elaborar procedimientos adecuados para gestionarlos y iii) reportar convenientemente al mercado. Primer y tercer pilar conseguidos.

Pero la transformación sostenible también exige de unas inversiones muy relevantes, difícilmente abordables en exclusiva por el sector público, siendo necesaria la contribución del sector privado, el segundo pilar del Plan de Acción. En 2018 también nos preguntábamos cómo la regulación iba a conseguir que las entidades financieras destinaran flujos a sectores y actividades sostenibles. De nuevo, no adivinamos hasta donde podía llegar la CE a través de la regulación. En este punto, debemos recordar que la inversión en los mercados de capitales en Europa está vehiculiza en su mayoría a través de las entidades financieras que, a través de la comercialización de productos financieros (fondos de inversión, planes de pensiones o unit linked), son capaces de canalizar ingentes cantidades de ahorro de sus clientes hacia los mercados financieros, esto es, bonos o acciones, principal fuente de financiación e inversión de las empresas. Pero ¿cómo puede obligar la normativa a que las entidades financieras convenzan a sus clientes de invertir en actividades sostenibles?: dando la iniciativa al cliente. Un cliente que representa a una sociedad con todavía escasos conocimientos en materia de sostenibilidad financiera pero cada vez más sensibilizada con estas cuestiones. Así, la entrada en vigor de la modificación de la Directiva MiFID II, conocida como Green MiFID [6] (también aplicable al ámbito de los seguros a través de la Directiva IDD), introdujo en 2022 la obligación de realizar un nuevo cuestionario de sostenibilidad a los clientes a los que se presta algún servicio de inversión. El resultado es previsible, muchos clientes se inclinarán por una respuesta positiva, obligando a las entidades financieras a ofrecer productos con inversiones sostenibles, haciendo así que el segundo pilar del Plan de Acción de la CE se materialice. En la medida que los clientes vayan respondiendo positivamente a estas preguntas, las entidades deberán aumentar de forma significativa su oferta de producto con inversiones sostenibles y, por tanto, dirigir un creciente flujo de inversión a estos sectores y actividades.

Entorno sostenible actual

Ocho años después de la publicación del Plan de Acción, nos encontramos ante un nuevo entorno financiero y empresarial. La sostenibilidad es ya un nuevo pilar estratégico y reputacional para las entidades financieras, muy condicionadas por las obligaciones normativas, pero conscientes también que de la sostenibilidad empieza a ser un criterio que puede condicionar las decisiones de sus clientes. Un cambio de modelo de negocio que está generando un impacto muy relevante en el sector empresarial que, condicionado por los requerimientos de su entidad financiera/inversor privado, empieza a ser mucho más consciente de la importancia de los aspectos de sostenibilidad. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero en esta ocasión, nadie puede negar la acertada estrategia de la CE que, utilizando como palanca de cambio a la industria financiera, está consiguiendo una transformación paulatina del sector productivo.

Futuro de la sostenibilidad

¿El futuro? quedan muchos retos por delante: el acceso, fiabilidad y homogeneidad de los datos ASG, el desarrollo de nuevas metodologías de valoración de riesgos ASG y de mecanismos para medir la contribución e impacto de las inversiones financieras a la sostenibilidad, la lucha contra el greenwashing, etc. Pero los cimientos son sólidos, Europa no puede perder esta oportunidad de reposicionarse en el nuevo tablero geoestratégico mundial y pocas veces se han dado tantas evidencias como para pensar que, en esta ocasión, lo debería conseguir. Entre tanto, el sistema financiero seguirá siendo un actor clave: ser sostenible, o no ser.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_1404
[2] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81907
[3] https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-report-management-and-supervision-esg-risks-credit-institutions-and-investment
[4] https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-report-management-and-supervision-esg-risks-credit-institutions-and-investment
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0189
[6] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-04/ESMA35-43-3172_Guidelines_on_certain_aspects_of_the_MiFID_II_suitability_requirements_ES.pdf

Carlos Magán es socio de Afi

Claudia Antuña es socia de Afi