Mientras que algunos países desarrollados han avanzado de forma constante hacia la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas, la trayectoria de España ha sido más irregular. La Ley 27/2022 supone un hito al crear la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, apoyándose en experiencias previas y en el papel de AIReF en las revisiones del gasto.

A partir de este punto, el artículo adopta un enfoque de diseño institucional normativo para proponer un esquema prospectivo de funcionamiento de la Agencia, tomando como referencia experiencias comparadas pero adaptadas al contexto español. Un elemento clave es la integración del análisis de datos y la inteligencia artificial, lo que exige una nueva gobernanza de los datos, mayor coordinación interministerial y equilibrio entre liderazgo centralizado y ejecución descentralizada.

Entre las principales aportaciones destaca la definición operativa de las Unidades de Coordinación de la Evaluación, cuya configuración no queda detallada en la ley.